UNIVERSIDAD PÚBLICA: CAPITAL DEL DESARROLLO SOCIAL

Por El Germen (Facultad de Ciencias Económicas, UBA)

 

Hoy en día se ve retomado el debate en torno a la gratuidad de las universidades públicas. Se trajo a la agenda la discusión sobre si los estudiantes extranjeros deben pagar, o no, por sus estudios en nuestras universidades estatales. Este tema ha funcionado como catalizador para disparar otras viejas disputas, llegando al punto de cuestionar si la educación superior debe ser privatizada.
No es casual que estos cuestionamientos surjan este año, con una recesión en marcha y políticas de ajuste en curso, cuando se busca bajar las erogaciones públicas y desarticular las políticas de Estado. La xenofobia se dispara frente a la reducción por parte del Estado de la dotación de derechos a distribuir. Sin embargo, lo que oculta es una intención de recortar derechos de los ciudadanos, empezando por el eslabón más débil: los extranjeros. Justamente, bajo un régimen de políticas que buscan achicar el “Estado de Bienestar” y reasignar “eficientemente” el presupuesto, la educación superior se configura como un gasto ineficiente. A través de distintos enfoques pretendemos visibilizar que la educación superior pública, lejos de ser un gasto, es una inversión necesaria y conveniente para un país.

 

El gasto público universitario y su apropiación privada

Respecto a la provisión de educación universitaria, existen muchas controversias acerca de si la misma debe ser privada o pública. Principalmente porque se discute si los beneficios de formar profesionales son apropiados enteramente por estos o si hay rendimientos sociales mayores a los privados, los cuales harían virtuosa la participación del Estado. Desde la teoría convencional, o mainstream, se pueden encontrar argumentos en contra de dicha participación, repetidos actualmente por los medios de comunicación masiva. A saber: se dice que los beneficios son apropiados por los flamantes graduados mediante diferencias significativas en sus remuneraciones con respecto a las personas que no tienen un título, por lo que se justifica una educación privatizada en disciplinas con elevada demanda laboral. Asimismo, se argumenta que la utilización del gasto público en educación superior resulta regresiva, ya que la participación en la matrícula de los sectores bajos es relativamente escasa, por lo que los pobres financian la universidad a los ricos. Continuando el tema de la incidencia del gasto, también se hace referencia a la ineficiencia de la universidad pública, presuntamente asociada al bajo nivel de graduados en comparación con el grado de cobertura y el alto nivel de gasto por graduado comparado con el gasto por alumno. También, se achaca a la universidad pública disminuir el presupuesto disponible para otros gastos prioritarios como salud o educación inicial o media.

 

Se puede plantear que educarse es una inversión rentable para un individuo. Como en cualquier otra inversión, lo que se tienen en cuenta son los costos y beneficios que conlleva realizarla.Desde el punto de vista de los agentes individuales, sus costos están representados por los gastos directos como aranceles, el mayor impuesto que un graduado debe pagar por tener mayor ingreso, aportes a la seguridad social y otras transferencias como también el costo de oportunidad de no trabajar, pese a que muchos estudiantes lo hacen. El salario que cobrarían si trabajaran, o la diferencia que podrían hacer trabajando más horas en lugar de estudiar, es este costo de oportunidad. Por otra parte, se entiende por beneficios la diferencia de salario que se percibe por tener formación y título universitario.
Sin embargo, estos argumentos que bregan por la privatización de la universidad no tienen en cuenta otros factores que hacen necesaria la presencia del Estado a la hora de proveerla.Al argumentar que es regresiva, no se tienen en cuenta los diversos gastos prohibitivos que tienen los alumnos a la hora de asistir a la universidad, por ejemplo: el transporte, los materiales, y el costo de oportunidad de poder estar trabajando. En cuanto al argumento de la calidad, fácilmente se puede ver que la privatización no supone mejora de calidad, ya que produciría una mercantilización de la relación docente-alumno que puede no ser beneficiosa para la exigencia o calidad de la enseñanza. Elevar la “productividad”, es decir, tener más graduados, puede perjudicar la calidad de los mismos. Además, deja fuera del análisis el período de formación que reciben los estudiantes mientras participan de la experiencia universitaria, aun cuando no se reciban. La existencia de un arancel haría necesaria la existencia de becas y créditos para los alumnos, que implican consecuencias sociales negativas estigmatizando o subvalorando a los alumnos de bajos recursos. Respecto a la diferencia en la remuneración obtenida, la misma retribuye al Estado en forma de mayores impuestos, por lo que a este le es conveniente impulsar la formación que la causa, y su apropiación no es puramente privada. Por último, respecto a la participación presupuestaria, es innegable que la educación es un desembolso grande del tesoro público, pero resulta más que justificado por sus beneficios sociales.

 

La economía de la educación pública

Si en lugar de considerar a la educación superior como una inversión privada, la miramos como inversión pública, los costos incluyen: los gastos públicos necesarios para financiar ese nivel educativo (en nuestro país el mayor gasto es el salarial, que en 2008 llegó a significar el 94,6% del total del gasto en educación superior), el costo de oportunidad que son los impuestos que el Estado no percibe de los estudiantes que no trabajan y no generan ingresos y, por último, las becas otorgadas. En cuanto a los beneficios públicos, se entienden por estos al incremento de la masa impositiva que el Estado consigue gracias a los mayores ingresos que reciben los individuos, consecuencia de un mayor nivel educativo adquirido, las mayores contribuciones a la seguridad social y, en el caso de que haya una suficiente demanda de puestos de trabajo calificados, una menor tasa de desempleo. Vale la pena hacer un paréntesis sobre este último punto, ya que esto requiere que la inversión en universidades y terciarios tenga un correlato en la demanda laboral. Una forma de lograr esto es apuntar a un modelo económico en el cual el desarrollo de la industria nacional, como generadora de valor agregado, funcione como un demandante de trabajo calificado. Esto va de la mano con la idea de que la economía de un país con una proporción alta de profesionales crece más rápido que la de un país con una gran cantidad de trabajadores menos capacitados. También, existen beneficios individuales no previsibles por los individuos, y por lo tanto no considerados, que ameritan que el Estado sea parte de la toma de decisiones sobre el nivel de educación individual, como la influencia de la educación de una generación sobre los logros y la productividad de generaciones venideras, lo que incide en la igualdad de oportunidades entre los miembros de una sociedad.

 

Otro punto clave, como externalidad positiva, es la importancia para la sociedad en su conjunto de tener individuos formados y capacitados que distribuyan sus conocimientos a través de la generación de ciencia, tecnología y pensamiento crítico, esenciales para el desarrollo económico y social del país. Incluso los graduados de carreras que no aporten grandes beneficios sociales en estos términos, con una estructura impositiva progresiva podrían devolver a la sociedad la mayor parte del financiamiento de su educación.

 

La educación y el conocimiento como derechos

En la Argentina, las universidades públicas cumplen un importante rol socio-cultural y conforman un derecho adquirido, que ni la dictadura logró abatir. Se cuestiona si las entidades públicas funcionan bien o son eficientes, pero la universidad en nuestro país posee un patrimonio intangible que no se puede medir en términos económicos: por su historia de cultura democrática, de debate y resistencia, su rol para incluir e igualar socialmente a los diversos sectores, posee un valor intrínseco que supera las mediciones de costo presupuestario. El capitalismo se muestra como un perfecto medidor de la eficiencia, pero siempre se caracterizó por no lograr incluir en la evaluación a los caracteres sociales y humanos de las políticas y el beneficio real que derraman en la sociedad, por lo que el acceso a la educación superior no puede depender de las leyes del mercado. Existe, salvo por excepciones puntuales, por lo menos una universidad pública por provincia, mientras que en sólo once jurisdicciones hay instituciones universitarias privadas, lo que demuestra lo poco equitativo que sería un sistema universitario sin una presencia estatal fuerte; y prácticamente la totalidad de quienes componen el sistema científico tecnológico de nuestro país son egresados y se formaron en alguna de las 53 universidades Nacionales.

 

Cuando se cuestiona a la universidad pública se lo suele hacer evaluándola como un servicio que puede ser más eficiente y liberar de gastos al Estado. Sin embargo, es el mismo mainstream el que postula que el Estado debe intervenir en el mercado sólo para “solucionar fallas”. Y es ahí donde nos debemos cuestionar, ¿sólo en estos casos se justifica la participación del Estado en la economía? Si consideramos a la educación como un bien puramente privado, la provisión eficiente se daría cuando se igualasen las curvas de oferta y de demanda (o beneficio marginal privado). De esta forma, mucha gente quedaría fuera del sistema educativo. Ante la existencia de distintas fallas de mercado, mencionadas previamente, como la presencia de externalidades positivas y de incidencias sobre generaciones futuras, la provisión se tornaría ineficiente, ya que la demanda privada no contempla todos los beneficios de la educación. Por lo tanto, aún desde la perspectiva neoclásica, se torna necesaria la intervención del Estado en la provisión de educación. Existe consenso que por estas razones es necesaria la intervención del Estado en la regulación de este servicio clave para evitar los problemas de eficiencia de mercado e inequidad.
Además, el conocimiento, como la ciencia, es un bien público; como la luz del sol, le pertenece a cualquiera. La universidad pública permite brindar espacios donde el conocimiento pueda ser esparcido de forma más equitativa y mejor distribuido. Con la misma lógica con la que el Estado es quien invierte para llevar los tendidos eléctricos a zonas donde no lo haría ningún privado, también tiene el rol de esparcir el conocimiento a sectores y regiones donde de otra forma no llegaría. La creación de universidades en las diversas provincias del país, los planes de fomento por carreras y programas como el PROG.R.ES.AR y la Beca Bicentenario, que apuestan al desarrollo de la ciencia y al acceso a las instituciones,son una respuesta superadora a estas fallas. Queda implícito que los rumbos de la política nacional tiene un peso de gran influencia, entendiendo que la educación superior es transversal a la sociedad y determina el horizonte del desarrollo: con un modelo de crecimiento basado en los bajos salarios, es necesario contar con mano de obra no calificada, mientras que cuando se apuesta por el desarrollo de la industria, esta es la principal demandante de mano de obra calificada, y es el Estado quien debe implementar políticas para formar las próximas generaciones de profesionales. En ese sentido, una gran cantidad de profesionales podrán insertarse en el mercado de trabajo y desarrollar sus capacidades beneficiosas para la sociedad, siempre y cuando haya un marco político que incentive la generación de conocimiento y valor agregado nacional.

 

La idea de que el conocimiento pueda ser propiedad privada es algo que sólo funciona en el esquema neoliberal, que busca la concentración y control del mismo, para definir qué investigaciones son redituables, qué nivel de profesionales desarrollar y quién debe acceder al mismo. Más allá de las fallas de mercado que esto significaría, es mucho más importante entender que la falta de educación representaría en sí misma una falla social, humana, cultural y democrática. La simple idea de discutir desmantelar el carácter abierto, inclusivo e igualador de la universidad pública argentina representa un retroceso, y es indignante por el daño irreparable que puede representar para la sociedad en su conjunto.

 

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