ARRIBA MAGNETTO, ¡LLEGARON LOS REYES!

Exactamente un año después de borrar por decreto las leyes del sector, y luego de un 2016 donde la comisión para la redacción de una ley convergente trabajó en un proyecto “moderno y plural” para la gilada, Macri consumó otro favor para el Grupo Clarín: con otro decreto, establece el nuevo escenario de Convergencia total, que lo habilita a dar telefonía móvil a través de Nextel, permite el ingreso de DirecTV al mercado de banda ancha y protege las redes de Telefónica y Telecom en detrimento de cooperativas y pymes.

 

Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, el carácter represivo del gobierno ha sido, más que explícito, directamente obsceno en el área de las comunicaciones más que en ninguna otra.

A pocos días de asumir, Macri inauguró su gobierno con una fuerte intervención en el sector para barrer con la política regulatoria establecida durante el kirchnerismo y favorecer velozmente a los grandes actores, particularmente a Clarín: a través del DNU 267, modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la ley Argentina Digital (ley TIC), eliminó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Además, creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), una autoridad de aplicación totalmente alineada con el Ejecutivo y con una participación testimonial de las minorías parlamentarias.

Esa intención dar un giro de 180 grados al rumbo que tenían las políticas para el sector explica que se haya invocado la necesidad de urgencia para asumir el costo político de demoler lo existente sin contar con el diseño y explicitación de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo histórico nunca visto –salvo en gobiernos antidemocráticos- sobre la demolición de leyes por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en un área en la que no existían urgencias y tampoco necesidades extremas, pero sí la urgencia de recuperar el terreno perdido por parte de los grupos multimedios y de telecomunicaciones favorecidos por los cambios.

La primera reforma de las comunicaciones del nuevo gobierno se basó en tres pilares: permitió a los cableoperadores (el principal de ellos es el Grupo Clarín) extenderse a todo el territorio sin ningún tipo de restricción, y quitó cualquier límite a la concentración de las empresas audiovisuales. También concentró la administración y el control de los medios audiovisuales y de la infraestructura de comunicaciones en autoridades elegidas mayoritariamente por el presidente de la Nación que, además, puede cambiarlos sin necesidad de justificación alguna. Como corolario, el DNU fue ratificado por el Congreso, con el apoyo de los diputados de la oposición no kirchneristay de izquierda.

Más allá de las promesas sobre la necesidad de generar una transición que permitiera a las empresas avanzar hacia la convergencia mientras se construye un nuevo marco normativo que tenga como pilar una ley convergente, el Gobierno nunca tuvo una política pública para el sector y, en línea con toda la administración nacional, avanzó en clave de ensayo y error y atendiendo las demandas de los actores hegemónicos, lo que generó tensiones y contradicciones. Tal como se explicó anteriormente: quedó claro que el objetivo más apremiante fue cumplir con las urgencias del Grupo Clarín pero también del resto de los grandes grupos. Enacom aprobó el total de la compra de Nextel por parte del Grupo Clarín; también dio el aval de la adquisición de Telecom por parte del fondo Fintech; archivó y dejó sin efecto todos los planes de adecuación a la Ley de Medios, que incluye el del Grupo Clarín, Telefé, Moneta, Vila-Manzano, Prisa, entre otros; adjudicó dos licencias de Televisión Digital Abierta para explotación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los licenciatarios Jorge Fontevecchia y Perfil TV S.A, que la anterior gestión había rechazado; entre otros. Por el lado del Ministerio, se habilitaron aumentos en las tarifas de telefonía básica (congelados desde el año 2000). En el área satelital, comenzó a propiciar una política de cielos abiertos, en clara ruptura respecto de la administración anterior que protegía el mercado de los Arsat I y II, como parte de una política de alineación con Estados Unidos.

 
En 2017 sigue la Alegría Concentrada

Hasta acá, sólo un repaso de lo que fue el 2016, año en el que Clarín se preparó para consolidarse como el principal jugador del sector de telecomunicaciones y medios del país. Pero por si fuera poco y prácticamente al mismo precio, Macri le sirve en bandeja a Magnetto un nuevo decreto como regalito de reyes, por el que el “querido rey de España” debe estar un poco angustiado porque la nueva regulación le toca un poco el culo a Telefónica.

El Decreto 1340/16 fue firmado el viernes 30 a las 21.15, horas antes de que el Primer Vago de la República se tomara unas nuevas vacaciones. Horas antes, los inefables Aguad y De Godoy presentaron formalmente la versión del decreto, que se había comenzado a discutir dos meses antes. Es que adentro del gobierno no hay “halcones” y “palomas”: son todos gatos, pero eso sí, algunos son de globo y otros de boina blanca. Curiosamente, aquellos más ligados al PRO “puro y duro” que buscaban una legislación más equilibrada (más equilibrada entre los grandes holdings, se entiende), perdieron la discusión con los sectores de la UCR, o sea, los más impúdicos defensores de una política pro-Clarín, para desconsuelo del pobre Raúl Ricardo, que ya bastante tiene con el hijo bobo.

Y después de tener a Silvana Giudici (otra correveidile del “Grupo”) durante todo el año agitando la comisión de redacción de la ley convergente, que hizo desfilar a todo el mundo para “escuchar” los aportes a una supuesta ley “moderna y plural”, el Ejecutivo se decidió por regular la convergencia por decreto.

 

Por Liborio Abelardo Zaitsev

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