BAUEN: CUANDO LOS LADRILLOS VALEN MÁS QUE EL DERECHO AL TRABAJO

Ayer, un editorial del diario La Nación le apuntó todos los cañones al Bauen, una cooperativa conformada por los trabajadores del hotel, que hace más de 14 años lo están gestionando y están luchando por mantener sus puestos de trabajo luego de que en 2001 la empresa fuera vaciada por sus dueños. El editorial se dedica a una sola cosa: ensalzar el derecho a la propiedad por encima de todos los otros derechos existentes, inclusive el derecho al trabajo (que por si el editor de LN lo olvidó, también figura en nuestra Constitución Nacional).

 

Toda pérdida de empleos debe lamentarse. Pero eso no justifica pasar por encima del derecho de propiedad, en particular cuando no hay utilidad pública ni están en juego la salud o la seguridad.

 

La pregunta que inmediatamente surge es cómo es posible considerar que la salud y la seguridad de 130 familias no están en juego cuando su fuente de trabajo se ve (otra vez) amenazada. Pero además, un interesante dato de color (por utilizar un eufemismo) es que La Nación “olvida” mencionar que los acreedores (aquellos empresarios inescrupulosos a favor de quienes falló Macri en diciembre, dando por tierra con una ley votada tanto por Diputados como Senadores) son los mismos que vaciaron la empresa y hoy reclaman la propiedad del inmueble, que fue construido en el año 78 con préstamos hipotecarios estatales.

 

Al respecto, Federico Tonarelli, presidente de la cooperativa del Bauen, señaló:
Si hablamos de propiedad, los trabajadores decimos que el hotel pertenece al Estado, no a nosotros. Y lo que pedimos es que vuelva al mismo y que firmemos un comodato para que nosotros podamos seguir gestionándolo. Los dueños tomaron préstamos hipotecarios estatales para la construcción del inmueble que nunca pagaron. Tienen judicializadas las hipotecas y en 40 años nunca las pagaron. Y ahora reclaman la propiedad.

 

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El matutino no sólo omitió contar al lector estos pequeños detalles sobre quiénes reclaman la propiedad del hotel, sino que también afirmó sin ningún pudor que “el veto (de Macri) está fundado y le evita al Estado el desembolso de unos 30 millones de dólares, que pueden destinarse a otras necesidades más acuciantes.

 

Sinceramente, nos resulta difícil encontrar necesidades más acuciantes que la de proteger el sustento de 130 familias que hace 14 años están defendiendo sus puesto de trabajo y haciendo funcionar el hotel a pesar de la desidia, la avaricia y la corrupción de sus vaciadores. Además, con relación al valor del inmueble, Tonarelli explica que: “Es una mentira que Estado le va a costar 30 millones de dólares. Ellos hacen el cálculo básico de multiplicar los 2000 dólares que vale el metro cuadrado hoy en la zona por los 15 mil metros cuadrados que tiene el hotel. La ley que Macri vetó no plantea ese valor. Plantea que el Tribunal de Tasaciones de la Nación le va a fijar un valor al edificio a marzo de 2003 porque fue el momento en que se formó la cooperativa y en el que el hotel estaba casi en estado de demolición. La cooperativa, luego de 14 años, recuperó el edificio y ha hecho inversiones acreditables por más de 20 millones de pesos en el hotel. Al valor que establezca el Tribunal además hay que restarle las deudas hipotecarias que mencioné antes y cada una de las deudas que los propietarios tienen con el Estado y de ahí saldrá el valor de la expropiación, que dista muchísimo de ser de 30 millones de dólares.

 

Una vez más, el gobierno nacional del lado de los poderosos, de los empresarios vaciadores y de sus negocios inmobiliarios, en desmedro absoluto de los derechos de los trabajadores argentinos. Que ya no sorprenda no significa que no indigne cada vez que sucede.

 

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