¿Y  ahora qué pasa, eh?

*Por Liborio Abelardo Zaitsev

La fusión Cablevisión-Telecom es una importante consecuencia de la derrota popular y el avance del neoliberalismo. La pregunta ahora es cómo seguir dando pelea contra el gigante  toma todo. Desde el llano, la lucha es táctica pero el principal problema es que los Ellos vienen por más, pero nosotros ni sabemos qué es lo que queda por defender.

Se veía venir desde que Macri ganó la presidencia.  A días de asumir, el gobierno aprobó el DNU 267/15 y habilitó la concentración en el sector. Desde entonces, y desde Entrever lo hemos anticipado, la integración de los negocios de Magnetto tomó un rumbo inexorable. Nadie puede darse por sorprendido. Paso a paso se dieron la compra de Nextel, el refarming, la escisión de Clarín y Cablevisión, la salida de los Werthein de Telecom, etc.

Lo que no mata engorda, dice el refrán. Y se puede verificar en el caso de Grupo Clarín. La guerra que se estableció con el Gobierno K endureció los músculos del mánagment de la calle Piedras. Mientras sostenía la batalla táctica, siguió su plan de inversiones tendiendo fibra e incorporando tecnología en Cablevisión su empresa más redituable. Al mismo tiempo trabajaba sobre escenarios futuros. En 2011 no pudo con Cristina. Siguió el fragor y fue contribuyendo a formar el arco opositor hasta llegar a una armado ideal que le fue el más funcional. La táctica no distrajo en la estrategia. Macri fue el presidente de la Argentina. La batalla estaba ganada. Los vencedores no dudaron, ni dudan, en reclamar tributos. 

Hagamos un pequeño repaso de lo que ya se dijo y leyó en todos lados: La fusión genera una empresa con alto componente de capital nacional valuada en 13.000 millones de dólares que sobresale en el ámbito latinoamericano y pasa a encabezar el ránking de las grandes de empresas a nivel nacional. Posee valores intangibles por el poder de Grupo Clarín y su elaborada trama de relaciones empresariales, políticas e incidencia en la opinión pública. Telecom fusionada hará aún más poderoso al holding deMagnetto no sólo porque podrá ofrecer cuádruple play el 1º de enero de 2018 sino porque puede verticalizar numerosos de los ingredientes del ecosistema digital, que van desde la producción de contenidos, información y entrenamientos a la posesión de las pantallas que más compiten hoy por la audiencia pública, la de la TV y la del smarphon, un alto volumen de redes por las que circulan los contenidos.

¿Y entonces?. Hasta acá, la crónica y el “denuncismo”. La pregunta es qué hacer ahora, o acaso, cuánto se puede hacer. Probablemente, mucho, si se entiende que estamos en un escenario en que estamos más para sumar puntos por la permanencia que para clasificar a las copas. Octubre, claro está, será un punto de inflexión. No en vano, muchos capitostes del mundo de las telecomunicaciones incorporaron “el miedo a Cristina” para explicar el proceso que aceleró la fusión para antes de las elecciones, o sea, antes de CFK en el Congreso y las apertura de una nueva etapa que puede (o no, pero esto ya excede este espacio) rearticular la construcción de una nueva mayoría popular.

El dato no es menor porque la arena parlamentaria será un lugar donde, más allá del testimonialismo tribunero del que hace gala el troskismo, por ejemplo, hay chances de (siguiendo el slogan de campaña), ponerle un freno al macrismo y al magnetismo claretiano. Aunque sea un poco:

1) La Defensa de la Competencia. Es un leimotiv del liberalismo, pero ahora es clave. Las autoridades antimonopolio tienen que aprobar la fusión, algo que va a pasar como por un tubo si no hay intervención, por ejemplo, parlamentaria. Habrá que hacer el esfuerzo para que se garantice al menos una investigación seria sobre los mercados relevantes que son afectadas por la fusión. En ese sentido, es clave articular con actores como las cooperativas que brindan servicios de telecomunicaciones, entre otras, para ver en qué casos puntuales se requiere una mayor intervención.

Pero algo más: en el Congreso hay en comisión al menos dos proyectos para actualizar las leyes sobre defensa de la competencia y el poder de la autoridad de aplicación.  Ahí también será cuestión de dar la discusión, sobre todo en temas como que la legislación regule no sólo las operaciones de fusiones y cuánto mercado controla la empresa resultante sino las conductas posteriores de esa empresa. Es decir, que se le pueda hacer un seguimiento. Dicho sea de paso, y para calmar las ansiedades de la clase media gustosa de las formas y a la que no hay que dejar de seducir electoralmente, se trata de conductas típicas de países “serios” y con “seguridad jurídica” como el propio Estados Unidos.

2) La plata de los jubilados.  Una cosa de la que poco se habla es del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, que tiene el 25% de las acciones de Telecom, cuya valuación bursátil es de $ 84.000 millones. El FGS tiene a su vez el 9% de Clarín, cuya valuación bursátil es de $ 68.700 millones. Esa es la famosa “plata de los jubilados” que ya están estudiando cómo corno vender esas acciones. Otra acción que requiere una rápida y múltiple intervención – mediática, parlamentaria, etc.- para evitar que ese patrimonio se remate y sirva para seguir fugando capitales vía deuda, otra figurita repetida del neoliberalismo.

3) Los puestos de trabajo. Va de suyo que una fusión deja gente en la calle, por el solo hecho de la duplicidad de tareas en varios sectores de la nueva empresa. Al primer trimestre de 2017, Telecom contaba con 15.766 empleados y Cablevisión otros 9.000 empleados directos y 4.500 más a través de contratistas. La nueva compañía pasará a integrar una planta de más de 24.500 empleos directos, lo que la convertiría en la principal empresa del país, por encima de YPF o las grandes cadenas de supermercados

El proceso puso en alerta a los gremios del sector, aunque con perspectivas diferentes. Para FOETRA, supondría un impacto positivo porque consideran que si es Telecom el que absorbe a Cablevisión, lo lógico es que los empleados pasen a ser parte del convenio colectivo que los contiene. El SATSAID pretende que los empleados de Cablevisión (de los cuales el 85% está afiliado al sindicato) se queden en la órbita del gremio audiovisual. Habrá que contar con cintura política suficiente para negociar en conjunto un plan para evitar despidos y ahí aflora otra situación, que no da regalarle al FIT, con todo respeto por los compañeros de la non-plus-ultra y coso. Sería tirar el conflicto al caño, sin dobles sentidos ni chistes berretas.

4) Despabilate amor: La fusión desenmascaró la farsa de la “ley convergente” que impulsa el gobierno. Incluso a pesar de lo aberrante del proyecto, desde el macrismo no quieren molestar a don Héctor y pretenden seguir gobernando a golpes de decretos y resoluciones. Para las grandes corporaciones, el rumbo político brinda más garantías que la certidumbre jurídica, por lo que no habrá problemas en el corto plazo. Pero de última, quieren asegurarse, por lo que también habrá que frenar esa ley.  

Vale decir que un poco molesta que un año y medio después, sea el bloque parlamentario del inefable Partido Socialista quien tenga la iniciativa de presentar otro un anteproyecto de ley convergente para confrontar /converger, si se permite, con el proyecto elaborado por la comisión convocada por el gobierno y presidida por la titular del Enacom, Silvana Giudici. Que se supone está en segunda ronda de consultas públicas aunque no hay registros entre los actores de la industria. A todo esto, desde el kirchnerismo, sólo la diputada  Liliana Mazure convocó a un grupo de discusión para trabajar en un “proyecto de artículos de Ley relacionados con la producción y circulación de contenidos audiovisuales”, que viene a paso de carreta.

Como sea, el proyecto socialista no trae mucha novedad y aparenta no ser más que un mix entre las parcialmente derogadas leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y Argentina Digital 27078: establece límites a la concentración de medios, otorga registro único para brindar todos los servicios excepto los de audiovisual y telefonía, para los cuales se necesitará licencia. Un rasgo destacado es el tratamiento que se le da al espectro. Ante el festival de refarming, mudanzas y asignaciones directas que realiza Enacom, el proyecto propone otorgar espectro únicamente mediante licitaciones y no por asignación directa. Además, prevé definir con mayor precisión el cuadro de atribución de bandas de espectro y prevé que para implementar cambios al mismo debe hacerse una consulta pública.

Sin mayor originalidad, propone la creación de un Ente Federal de Comunicaciones Convergentes que no se distancia de los criterios de pluralidad que en teoría proclamaban la conformación del Afsca, la Aftic e incluso el Enacom. Y particularmente, vuelve con restricciones, más estrictas, para el ingreso de las telecos en el mercado de TV: les veta el DTH y podrán dar cable en localidades de 80.000 a 400.000 habitantes en un plazo de tres años pero tendrán vedado el ingreso a localidades de menos de 80.000 habitantes. O sea, buenos discípulos del “maestro” Justo, un buen liberal según Don Arturo Jauretche, que no dejan de hacerle favores al Grupo Clarín, si uno lee a contrapelo

La agenda del FpV que propuso Mazure incluye en el debate la cuestión fiscal y tributaria, con el foco puesto en los OTT (Netflix y esas cosas). Además de redefinir el propio concepto de “Comunicación Audiovisual” independientemente del soporte de exhibición o emisión que sea utilizado.  Plantean no usar menciones al “transporte” para referirse a la distribución del audiovisual y atender a los formatos que hibridan con videos en portales digitales informativos  Incorporar explícitamente la mención a formas de emisión “Lineal y/o no lineal”  u  “o catálogo de productos audiovisuales” (en reemplazo de “la base de un horario de programación”). Se busca incluir, para que tributen, la distribución de contenidos audiovisuales en plataformas a demanda (TVOD, SVOD, otras OTT) que alcancen a receptores en el país. Y además, incluir  porcentajes de obras nacionales para estas plataformas no menores al 20 o 30% vigente y proyectado en algunos países europeos, porcentaje mucho mayor al 1% que plantea el proyecto socialista.

 

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