Después de la megafusión, hay margen para seguirle peleando al monopolio

Por Liborio Abelardo Zaitsev

 

Clarín festeja fin de año a todo trapo. Previsiblemente, Enacom aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom, pero además, la Corte Suprema cerró la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa y sobreseyó a Héctor Magnetto, CEO del Grupo, y de Bartolomé Mitre, directivo del diario La Nación. Magnetto, Mitre y la finada Ernestina Herrera de Noble habían sido acusados por el “desapoderamiento extorsivo” de la empresa a la familia Graiver durante la dictadura militar. Por si fuera poco, el impresentable Hernán Lombardi, a cargo de los medios públicos, avanza en la destrucción de la Televisión Digital Abierta (TDA) con el despido de casi 200 trabajadores y preparando el desguace y cierre o vaciamiento de señales como Encuentro y Paka Paka, además del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos (BACUA). Así, serían sepultadas miles de horas de producción de contenidos nacionales. Encuentro y Paka Paka tuvieron gran reconocimiento de la audiencia desde su creación, por su calidad y el sentido formativo y educativo de sus mensajes.

En los planes originales del macrismo estaba el cierre de la TDA, una “mochila de plomo” según el propio secretario de TIC y ladero de Federico Pinedo, Héctor Huici. Se trata de emisiones que cubren más del 90% del territorio y tienen un público inconmensurable que la sintoniza para acceder a los canales abiertos nacionales y locales además de las señales creadas durante la gestión de CFK.

Con la fusión aprobada, el destino de la TDA es obvio. “Para qué queremos producir contenidos si existe Hollywood” según palabras de un importante funcionario del ENACOM”. Y sí, pero además, hay otros negocios. En principio, la banda de 600 a 800 MHz, codiciada por la industria móvil. Si bien la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) definirá en la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 2019 el destino de ese espectro, Estados Unidos ya destinó esas bandas para telefonía móvil y hace lobby en la región para que otros países sigan ese camino.

Pero los negocios no terminan ahí. Más que nada para calmar los ánimos de los competidores, sobre todo de Telefónica, el mismo día que Enacom aprobó la fusión, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 1060/17, que pasó más desapercibido y que establece que la administración Nacional y las empresas y sociedades del Estado garantizarán a los licenciatarios TIC el acceso múltiple o compartido a la infraestructura pasiva apta para el despliegue de redes, “sin que pueda otorgarse exclusividad o preferencia alguna”. Es decir, permiso a las empresas para instalar (se presupone gratarola) sus antenas y equipamientos en infraestructura estatal. La norma exceptúa a la infraestructura de ARSAT, que gestiona la TDA, pero deja un limbo para que todas esas torres que se instalaron en los últimos años con el fin de llevar la TV digital a todo el país terminen siendo un negocio por demás rentable (si no se les cobra alquiler) a los operadores y, sobre todo, a las empresas de infraestructura, como American Tower,
Vale tomar nota porque sobre hechos consumados se puede trabajar para que al menos los Estados, sobre todo los municipales y provinciales, puedan facturar por el uso de esa infraestructura al servicio de los privados.

Reordenando las fichas de la resistencia: Como decíamos en julio, “la fusión Cablevisión-Telecom es una importante consecuencia de la derrota popular y el avance del neoliberalismo. La pregunta ahora es cómo seguir dando pelea contra el gigante toma todo. Desde el llano, la lucha es táctica pero el principal problema es que los Ellos vienen por más, pero nosotros ni sabemos qué es lo que queda por defender” y planteábamos una serie de líneas de debate y acción: la custodia de las acciones que el Estado tiene en Telecom-Cablevisión; el apoyo a los gremios por las fuentes de trabajo en peligro, la necesidad seguir discutiendo una ley para el sector y la discusión en Defensa de la Competencia.

 

Sobre este último punto decíamos que “es un leimotiv del liberalismo, pero ahora es clave. Las autoridades antimonopolio tienen que aprobar la fusión, algo que va a pasar como por un tubo si no hay intervención, por ejemplo, parlamentaria”. Al respecto, vale señalar que la megafusionada sigue imponiendo condiciones. En comunicados a la Comisión Nacional de Valores, informaron que “Telecom Argentina estará en condiciones de asumir las operaciones de Cablevisión a partir de las 0.00 horas del 1º de enero de 2018, fecha en la que informaron se suscribirá el acta de traspaso de las operaciones y actividades de Cablevisión a Telecom”.

Es decir, siguen imponiendo su política de hechos consumados y dejan en claro que no esperarán el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para terminar la fusión. Presionarán con el dictamen de ENACOM, que estableció que donde el Grupo concentre más del 80% del mercado de Internet deberá compartir su infraestructura (ni siquiera abrir las redes).

Aún en las actuales condiciones, Defensa de la Competencia puede hacer mucho más. Decíamos anteriormente que “habrá que hacer el esfuerzo para que se garantice al menos una investigación seria sobre los mercados relevantes que son afectadas por la fusión. En ese sentido, es clave articular con actores como las cooperativas que brindan servicios de telecomunicaciones, entre otras, para ver en qué casos puntuales se requiere una mayor intervención”.
Es esperable que el análisis que realice tenga en cuenta una serie de factores que se engloban en lo que organismos como la UIT y la OCDE, entre otros, consideran “buenas prácticas” para analizar una posición dominante. Esto incluiría una evaluación detallada de la participación de mercado nacional y por zonas geográficas, pero también el diagnóstico de cada uno de los mercados relevantes, según los tipos de servicios y productos ofrecidos. Y cómo se cruzan esas variables, con el fin de indagar si se producen prácticas anticompetitivas como ventas atadas, precios predatorios, etc.

En clave geográfica, el control deberá hacerse con un mapeo preciso de las localidades y regiones donde ambas empresas se convierten en alternativa única o con un alto acaparamiento del mercado. Tal es el caso de las zonas donde Telecom es incumbente, en particular en la zona norte del AMBA y ciudades de las provincias de Córdoba, Entre Ríos Formosa, Santa Fe, Tucumán y Salta, donde concentra una participación que supera el 90% al eliminarse el principal –o único- competidor.

En el caso de las TIC, el concepto de mercado relevante es por demás dinámico. Un entrante se puede convertir en dominante en poco tiempo merced a un cambio tecnológico. De ahí que se plantee la necesidad de un análisis de conductas, sostenido en el tiempo. Es decir, que se vea no solo la foto del sector – por regiones, por servicios, etc. – sino cómo se va dando la competencia. También se tendrá que analizar cuáles son las barreras (legales, económicas y tecnológicas) que se generan para nuevos entrantes.

La pregunta es por el tiempo que puede demandar para la CNDC un análisis de tal envergadura. Y qué herramientas cuenta para forzar a una desinversión u otras acciones antimonopólicas si considera necesario. Contrario a lo que se pontifica desde algunas tribunas, el organismo demostró otrora capacidad para afrontar casos como la compleja operación accionaria por la cual Telefónica ingresó en el control de Telecom. Y actuó solventemente en situaciones conflictivas de otros sectores de la economía. La trama ya es historia en el vaivén de las compras y ventas (del conjunto de empresas involucradas, sólo sobrevive Telefónica) pero la anécdota recordará como caso único en que un organismo de defensa de la competencia de un país latinoamericano auditó a las matrices de ambas empresas en sus países de origen.

Ese caso demostró también los reales límites del marco normativo. Por ejemplo, que las sanciones económicas tengan un tope máximo de AR$ 150 millones. Los proyectos de una nueva Ley de Defensa de la Competencia que se discuten hoy en el Congreso incorporan modificaciones en este sentido. De todas maneras, la CNDC cuenta con elementos para evaluar imponer algunas condiciones tales como reclamar a la nueva empresa especificaciones en torno a mejorar o garantizar los puestos de trabajo que, como en toda fusión, se ponen en discusión. Otro punto de análisis es el de las llamadas “ganancias de eficiencia” que se generan y cómo ese aumento de la renta se traduce en un beneficio para el consumidor. También debería considerarse cómo se va a mejorar el flujo de inversiones: por ejemplo, como se mantienen los incentivos para avanzar en tendidos de fibra.

Pero cabe recordar que en el Congreso hay en comisión al menos dos proyectos para actualizar las leyes sobre defensa de la competencia y el poder de la autoridad de aplicación. El tema no es menor porque puede pasar que finalmente, la fusión sea analizada con una nueva ley y con un nuevo ente de aplicación. Ahí también será cuestión de dar la discusión, sobre todo en temas como que la legislación regule no sólo las operaciones de fusiones y cuánto mercado controla la empresa resultante sino las conductas posteriores de esa empresa. Es decir, que se le pueda hacer un seguimiento.

Y ojo al piojo, porque lamentablemente, discusiones de este tipo no impactan en forma directa en los bolsillos como la reforma previsional, pero habría que ganar la calle igual porque la disputa parlamentaria también será importante. El proyecto de ley de Defensa de la Competencia del oficialismo impulsa, entre otros temas, acotar la definición de “posición dominante”. La propuesta elimina parte de la definición vigente, y limita la “posición dominante” a supuestos de concentración “horizontal” por el lado de la oferta o de la demanda, lo que excluye otros supuestos que puedan derivar de relaciones “verticales”.

Este punto implica o tiende a desconocer los alcances que en un mercado convergente tengan la integración vertical conjugada con la horizontal en la generación de importantes barreras de acceso y permanencia en el mercado. Rápidamente se piensa en la posibilidad de que la nueva Telecom retome las viejas y conocidas prácticas que Clarín aprovechó en su momento para expandir el negocio de Cablevisión: la implementación de exclusividad sobre contenidos audiovisuales.

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