SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO: UNA HISTORIA DE VAIVENES

El sistema previsional argentino surgió con la creación de las cajas jubilatorias para trabajadorxs estatales en 1904, como un sistema pequeño y precario, que sólo abarcaba a algunos gremios. Durante los primeros gobiernos peronistas, se entró en una etapa de expansión y de masificación de la cobertura. Hacia fines de la década del ‘40 el sistema previsional amparaba al 35% de los trabajadores activos y comenzó a pensarse como un derecho del trabajador, cuyo único requisito era pertenecer al mercado de trabajo formal.

 

En 1954 se abandonó el régimen de capitalización, en el cual cada trabajador aportaba fondos a su caja individual que podría utilizar en la edad pasiva, y se estableció el de reparto. Así, el sistema previsional asumió como base de financiamiento a los trabajadores activos, que mediante sus aportes, debían sostener a aquellos que se encontraban en edades pasivas, generando un sistema solidario intergeneracionalmente. También se estableció que los trabajadores peor remunerados obtendrían una Tasa de Sustitución del Salario (TSS) -la relación entre el ingreso de los jubilados y los trabajadores activos- más alta en comparación con los que recibían mejores retribuciones. Posteriormente, esta medida se revirtió cuando Frondizi estableció la TSS en un 82% del salario, igualando las de las distintas actividades. Asimismo, en esta etapa comenzó a crecer la brecha entre el mercado formal de trabajo y el mercado informal. Por lo tanto, el número de asalariados que no pagaban contribuciones aumentó considerablemente, provocando los primeros problemas de financiamiento de nuestro sistema.

 

Durante el gobierno de facto de Onganía se incrementaron las restricciones al acceso de las prestaciones y se recortó la TSS a 70%. También, se elevó la edad de retiro. Además, se incrementó la cantidad de años necesaria para acceder al sistema. Por último, se fijó que el monto de la prestación estaría asociado a la historia laboral de cada trabajador, es decir, que la TSS era un parámetro heterogéneo que iba a depender de lo que cada trabajador había ganado durante su vida activa, y no de su rama de actividad. Por otro lado, si bien se mantuvo el régimen de reparto, se transformó el patrón distributivo existente, en favor de los estratos más elevados. El creciente número de trabajadorxs que quedaban por fuera de la estructura formal tuvo como consecuencia no sólo la exclusión de las clases más bajas, sino también importantes problemas de financiamiento. A su vez, la intensidad de la cobertura (valor relativo al salario) se vio profundamente afectada.

 

Durante la última dictadura cívico-militar, en el marco de una intensa represión a la organización de lxs trabajadorxs, se impulsó una nueva reforma del sistema: en 1980 se eliminaron las contribuciones patronales, que fueron reemplazadas por la ampliación del IVA, un impuesto regresivo que pesa más sobre los sectores más vulnerables. De este modo, hubo una modificación en la financiación del sistema en perjuicio de las capas medias y bajas. Asimismo, con el congelamiento de las prestaciones, el valor real de los beneficios previsionales cayó un 45%, empeorando la posición de lxs jubiladxs en una magnitud sin precedentes. Esta reforma provocó que el sistema fuera dependiente de la financiación mediante recursos no contributivos, lo que la hacía extremadamente vulnerable a variaciones en la recaudación. Esto terminó generando el colapso en los años siguientes.

 

Con la vuelta de la democracia, se intentó revertir el desastre financiero restableciendo las contribuciones patronales. Sin embargo, por lo grave de la situación, se siguió recurriendo a la transferencia de recursos fiscales. También, se establecieron las primeras moratorias tendientes a consolidar las deudas previsionales de lxs trabajadorxs autónomos, permitiendo el acceso a los haberes antes de cancelar el total de aportes adeudados. Si bien sentó un importante precedente para las moratorias futuras, debido a la fragilidad del sistema, esta medida empeoró los problemas de financiación. La expansión del trabajo informal, la evasión fiscal y el envejecimiento poblacional siguieron debilitando el sistema a lo largo de los 80, y, como consecuencia, en 1986 Alfonsín decretó la Emergencia Previsional para congelar las demandas y la ejecución de sentencias en contra del Estado por haberes adeudados. De este modo, aún en democracia, las jubilaciones siguieron disminuyendo en términos reales.

 

En la década de 1990, en el marco del avance global y regional del neoliberalismo, y con el FMI impulsando reformas estructurales que incluían la reducción del gasto y el déficit fiscal, sumado a las deficiencias propias de un sistema previsional quebrado, se empezó a cuestionar el régimen de reparto. Finalmente, en 1994 se conformó un sistema mixto, que combinaba componentes de reparto que seguían siendo de gestión estatal, y de capitalización administrado por Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y Compañías de Seguro de Retiro (CSR), en su mayoría privadas. Esta reforma beneficiaba al sistema de capitalización en muchos aspectos, tales como el cálculo de las prestaciones y la inclusión automática de lxs indecisxs en el segmento privado. También es importante resaltar que las AFJPs cobraban, en concepto de prestaciones de servicios, elevadas comisiones, que además de aumentar los costos de acceso al sistema redujeron su eficiencia. Asimismo, en lugar de invertir su recaudación en el sector productivo, fue colocada en muchos casos en inversiones riesgosas, llevando a muchas AFJP a la quiebra, perjudicando los fondos de lxs afiliadxs a este régimen.

 

Unos años más tarde, en el contexto de la crisis del 2001, y con la sanción de la Ley de Déficit Cero, el Ministerio de Trabajo con Patricia Bullrich a la cabeza estableció un recorte del 13% a las erogaciones del régimen de reparto que superaran los $500, perjudicando nuevamente a lxs jubiladxs.

 

Posteriormente, en el 2008, se eliminó en nuestro país el sistema de capitalización, estatizando los fondos de las diez AFJPs existentes y unificando el sistema previsional. Los activos que previamente pertenecían a dichas empresas pasaron a formar parte de un Fondo de Garantía de Sustentabilidad bajo la órbita de la ANSES, que había sido creado el año previo con la intención de asegurar a los beneficiarios de la seguridad social y, al mismo tiempo, realizar inversiones que produzcan un beneficio aprovechable por el Estado como fuente de financiamiento de políticas públicas y obras de infraestructura. En simultáneo, a través de distintas leyes de moratoria, se incluyeron al sistema jubilatorio a personas que no reunían los años necesarios de aportes, por haber trabajado mayoritaria o únicamente de manera informal. Así, se desarrolló un sistema de seguridad social en el cual recibir una pensión a partir de determinada edad es un derecho, y no el fruto de una inversión. Desde 2003 hasta 2015, el número de beneficiarios del sistema se duplicó (creció 109,5%), y se alcanzó la cobertura más alta de Latinoamérica (entre 90,8% y 99,1%, según la medición que se tome).

 

Actualmente, la ANSES continúa funcionando de esta forma. Sin embargo, llaman nuestra atención los anuncios recientes por parte del gobierno nacional acerca de una nueva reforma del sistema previsional. Siendo aún desconocidos los detalles del proyecto, la misma, en conjunto con la reforma impositiva -que se está discutiendo en el Parlamento – y la laboral, ponen en peligro el financiamiento y la sustentabilidad del sistema de reparto jubilatorio. En este sentido, esta nota tiene como objetivo alertar sobre las posibilidades de que el sistema se deteriore o vuelva a ser administrado por privados. La desfinanciación de la ANSES deja pocos caminos posibles para el sistema de jubilaciones: se elimina el sistema público de reparto, disminuye la cantidad de beneficiarios o se reducen sustancialmente sus ingresos.

 

El sistema de solidaridad intergeneracional y de cobertura universal que supimos conseguir, después de más de un siglo, es un aspecto positivo del Estado argentino que vale la pena conservar y defender, porque es el que garantiza el bienestar de la población de la tercera edad, sobre la base del aporte de los trabajadores activos. Abandonarlo y reemplazarlo por un sistema de capitalización individual puede tener consecuencias negativas en cuanto al incremento de la desigualdad y puede hacer peligrar los ahorros de los trabajadores.

 

Nota publicada en la Revista Plan H, leela aquí: Número XV – Revista Plan H

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