Despabílate, amor

Por Liborio Abelardo Zaitsev

 

El campo popular se sacó la modorra y comenzó a activar contra la mega fusión Telecom – Cablevisión.  A fines del año pasado decíamos que “Después de la mega fusión, hay margen para seguirle peleando al monopolio”, pero recién en las últimas dos semanas, distintas fuerzas del kirchnerismo y la izquierda volvieron a poner en agenda la batalla cultural por la hegemonía mediática. Y convengamos que fue medio a los cachetazos para que más de uno y otra se despertaran, pero vale si ya estamos de vuelta.

Como advertimos en julio del año pasado, Defensa de la Competencia es uno de los terrenos para encarar la discusión. Y más si, como también adelantamos desde Entrever, sin una gota de originalidad, por cierto, que no iban a esperar el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para terminar la fusión.  Cuesta entender las razones por las cuales el arco político opositor (opositor posta) al macrigatismo clarinesco magnettiano, y en particular el kircnherismo, le tardó en caer la ficha de que este debate jurídico podía convertirse en una trinchera política y de movilización.

En cambio, lo vislumbró por un lado la izquierda (“en política los espacios vacíos, etc…”) que con más tozudez que capacidad para entender el tema agitó las aguas con un pobretón proyecto de ley –pero digno en sus intenciones- para frenar la mega fusión. Y por el otro, para variar, Bergoglio o Francisco (va en gustos de cada quién), que convirtió el tema en uno de los tableros de las simultáneas (aborto, financiamiento a la Iglesia) que disputa con el Gobierno.

Porque es, más que nunca, vox pópuli, que detrás del Observatorio Social de la Riqueza (llamado Padre Pedro Arrupe, para más Inri), juega abiertamente el Papa. El señalamiento ad hominem no le quita valor al fundamentado trabajo que realizó para llegar hasta la Corte Suprema y conseguir que se le acepte el per saltum.

El recurso, promocionado por el observatorio y presentado por un grupo de personalidades entre las que destaca por el ex juez Federal Carlos Alberto Rozanski, apunta contra la Resolución 5644-E/2017 de ENACOM que autoriza la fusión de Telecom y Cablevisión.  La acción se realiza luego de que las tres medidas cautelares presentadas CNDC a fin del año pasado no fueron respondidas en tiempo y forma.

Los demandantes sostienen que la velocidad administrativa ejecutada mediante una resolución por Órganos estatal sin rango ministerial, “vulnera toda la jerarquía legal e institucional del Estado y la Constitución. A ello se le suma el hecho consumado de la fusión a partir de enero, sin cumplir la autorización previa que obliga la ley de Defensa a la Competencia.

Además, denuncian que la decisión del ENACOM está totalmente en contra de la jurisprudencia de la Corte, y el ente regulador no publicó anexos fundamentales a la Resolución en el Boletín Oficial.  Por otra parte, la pretendida fusión está totalmente por debajo de los estándares internacionales en materia de Defensa de la Competencia, defensa del bien público y los bienes de confianza que tiene por ley la OCDE, tan cara al macrismo.

 

La denuncia también se explaya en el hecho de que la fusión afecta a once mercados relevantes y con alcance nacional, dentro de los cuales están la telefonía fija y móvil, Internet y TV paga. Pero también se afecta el mercado publicitario, de la opinión pública, del ocio y de la producción cultural nacional, entre otros.

 

Resulta interesante señalar que los demandantes solicitan ser considerados parte “en la aprobación, condiciones o fijar o no aprobación de la fusión” en virtud de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en el fallo “Grupo Clarín SA / y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional”, de 2013, que dictó la constitucionalidad de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

 

Es que la  sentencia de la Corte constituyó un punto de referencia para toda discusión en el mercado de comunicaciones. Y otorgó en la Audiencia Pública un rol participativo central a la sociedad civil más allá de las partes,  teniendo en cuenta el rol de tercero damnificado.

 

En ese sentido, el pedido de per saltum sostiene que la fusión no puede resultar aprobada por la CNDC sin participación de la sociedad civil, constituiría incumplimiento de deberes del funcionario público y abuso de autoridad, entre otros delitos.

 

Jurídicamente, la CNDC, que depende de la Secretaría de Comercio, está arrinconada. Ciertamente, no sabemos cuánto vale eso para un gobierno al que se le explotan submarinos, asesina pibes por la espalda y sus ministros fugan millones a paraísos fiscales, entre otros detalles.

 

Pero claramente, los cuadros técnicos de la CNDC le dan la razón a la presentación del per saltum que aduce que mega fusión viola las leyes de defensa de la Competencia, de Protección y de Entidades Financieras, además de crear las condiciones para la violación del Código Penal, el Código Civil, la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

 

Así  las cosas, la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados incluyó en su agenda de trabajo el pedido de per saltum. Leopoldo Moreau, presidente la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso, participó en la audiencia organizada por el FIT. Y dispuso incorporar el tema al debate después de participar en la audiencia contra la megafusión que organizó el bloque del FIT y de recibir el respaldo de Agustín Rossi.

 

El jefe de la bancada del FPV-PJ se sumó al cuestionamiento luego de que el tema se trató en el Encuentro Nacional de la Militancia que realizó el peronismo en San Luis, el fin de semana pasado.  El rechazo a la fusión se incorporó en las conclusiones de la Comisión de Medios del encuentro. En los debates de San Luis, quedó en blanco sobre negro que la mega fusión es garantía del fraude electoral por su capacidad de circulación de la información.  Con la megafusión no hay democracia en el 2019, sostienen. Y a eso apunta la próxima movilización del 5 de abril a la CNDC.

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